El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Erradicar el amianto en la UE», (2015/C 251/03) indica en su punto 1.3:

1.3. El objetivo es erradicar todo el amianto a finales de 2032. Tomando este ejemplo como un plan director, la Unión Europea debería animar a los Estados miembros a lanzar hojas de ruta y planes de acción específicos a diferentes niveles: local, regional y nacional.

Por su lado, la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dice en su disposición adicional decimocuarta:

Disposición adicional decimocuarta. Instalaciones y emplazamientos con amianto.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.

Los informes de exposición al amianto recogidos en los informes PIVISTEA (Evaluación del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto) implican una gran afectación de enfermedades relacionadas con el amianto en las CC.AA. con fuerte peso industrial. Los problemas de salud debidos al desarrollo de enfermedades tras la exposición al amianto reciben atención mediática puntualmente en medios, aunque puede afirmarse que no es un tema central de la actualidad de la ciudadanía, probablemente por la lógicamente escasa sensación de peligro inmediato por la población, dado lo tardío que se muestran los efectos, a excepción de casos puntuales. Mientras tanto, los costes de afrontar una retirada y sustitución de elementos de amianto son elevados. En general, las empresas del RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto) no publicitan precios, sino que esperan a peticiones de presupuestos. No es extraño un precio comercial de retirada entre 25 y 45 € por m² de amianto.

La problemática técnica de identificación, retirada y eliminación del amianto es bastante conocida y se encuentra altamente normativizada en sus diferentes fases. No obstante, existe innovación, determinados sectores muestran una complejidad relevante (los suelos contaminados de amianto), y faltan estudios concluyentes en otros (la presencia de amianto en aguas). El previsible reto futuro que supone la retirada y erradicación de toneladas de amianto incluye necesariamente la gestión de los vertederos que deban acoger todos los materiales a retirar, por lo que parece necesaria una gestión organizada.

Identificación y detección

Los estudios para identificar y detectar amianto en tres matrices diferentes (aire, suelos, y materiales que contienen amianto (MCA) o que es sospechable que lo contengan (pMCA)), muestran una tendencia tecnológica en pasar de técnicas de microscopía óptica a técnicas de microscopía electrónica, más sensibles en concentraciones bajas de fibras y a la detección del tipo de fibras. Las técnicas de microscopía óptica son las aún recogidas y homologadas en la normativa, aunque el paso a microscopía electrónica ya se insta en la resolución 2019/2182(INL) del Parlamento Europeo de 2021 sobre protección de los trabajadores contra el amianto.

Aunque tampoco está recogida en las normativas y protocolos homologados, la identificación rápida in situ es un elemento bajo investigación y con algo de oferta comercial ya: pistolas de análisis mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) para superficies de MCA/pMCA, unidades móviles de microscopía electrónica o sistemas de detección magnética para detección de fibras en el ambiente. La velocidad y precisión en la detección son muy relevantes en una situación de mucha retirada de amianto en poco tiempo, y deben considerarse en términos de técnicas disponibles, tiempo de muestreo y análisis, y coste relacionado.

Para afrontar el conocimiento de magnitudes generales de MCA/pMCA que afectan a un territorio, se han empezado a utilizar técnicas de geolocalización y teledetección, útiles con cierto margen de error para elaboración de mapas reales del amianto superficial. Tanto OSALAN en Euskadi como la UPNA en Navarra han presentado informes al respecto, y la UOC en Cataluña dispone de su propia tecnología. Otras aproximaciones han considerado los datos disponibles de compras e importación de amianto en las décadas en que el uso de amianto en construcción era habitual (aunque sólo existen datos a nivel estatal general y no por CC.AA.).

El Plan del Amianto de Navarra identifica más volúmenes potencialmente presentes de MCA/pMCA a través de extrapolaciones de datos de conducciones, regadíos, e incluso estima el MCA oculto en edificaciones construidas en los años 1960 a 1990. Trabaja por ello con las empresas públicas forales que disponen de datos, y, a pesar de la imprecisión, logra conseguir cifras generales de presencia de amianto en la Comunidad Foral.

Desmontaje y retirada

El desmontaje de elementos que contienen amianto y su retirada de las construcciones en las que se encuentra necesita condiciones de seguridad que impidan la liberación y sobre todo la aspiración de fibras de amianto. El aislamiento por encapsulamiento es una opción en la que existe una mejora continuada, cercana a la personalización, para intentar aislamientos de más precisión, control y seguridad. Destacan operaciones en que pueden usarse guantes encapsulados sin uso de equipos de protección específicos por los operarios, y el mayor uso de sistemas con renovación continua de aire. Un proyecto financiado recientemente por la Comisión Europea ha desarrollado un robot de desmontaje de amianto aún no comercializado.

Las técnicas de humectación son importantes en las operaciones de retirada para minimizar la liberación de fibras de amianto. Estas técnicas han avanzado incluso para su aplicación en interior de tuberías, como ejemplo de aseguramiento de encapsulado en situaciones de escasa accesibilidad.

Gestión de los residuos que contienen amianto

La bibliografía y normativa actuales son ambiguas respecto a la obligación de retirada de MCA/pMCA no friable y en general de acceso difícil, o su mantenimiento mediante encapsulado y vigilancia (el artículo 3.2 del RD 396/2006 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, recoge las exenciones de actuación respecto a la retirada de amianto). La percepción que da el encapsulado como solución es que la situación no es grave, aunque, por otro lado, la administración desaconseja determinadas operaciones que mantienen el fibrocemento en los edificios, como el doblaje de tejados. Por otro lado, para la ciudadanía y empresas afectadas, queda la duda sobre el aplazamiento que legalmente podría llegar a requerir una segunda intervención (con sus molestias y costes) antes de 2032.

El problema de la presencia de fibras de amianto en suelos ha sido recientemente estudiado en profundidad por IHOBE en Euskadi. Los costes y dificultades de gestión en estos casos implican proponer más modelos de gestión que puedan suponer el mantenimiento in situ de los suelos contaminados con amianto, con las debidas operaciones de control y vigilancia.

No puede diseñarse un plan de erradicación del amianto en cualquier Comunidad Autónoma sin conocer la realidad de los vertederos respecto a su capacidad para absorber los volúmenes previsibles de residuos generados.

En un establecimiento de prioridades, los planes de erradicación existentes del amianto suelen empezar acciones por instalaciones frecuentadas por personas vulnerables, que es también la priorización que indica la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Las escuelas son un foco de atención relevante, debido también a los casos de enfermedades de profesores de la educación por exposición al amianto, lo cual también ha supuesto movilización sindical específica al respecto.

Factores críticos de éxito y condiciones para resolver la problemática.

Los ayuntamientos están sometidos a un imperativo legal: realizar inventarios y una cronología de retirada de amianto en sus municipios en menos de un año. La petición de la realización de mapas e inventarios está muy presente en las reivindicaciones de fuerzas políticas en la oposición de los gobiernos municipales, y puede convertirse fácilmente en un argumento mediático. Las instituciones deben ser conscientes de la incapacidad de los ayuntamientos pequeños para afrontar la tarea por sí mismos y de que en ausencia de datos globales de volumen potencial de amianto y MCA/pMCA por retirar y de la disponibilidad de capacidad de los vertederos para absorberlo, no puede asegurarse que podría responderse a una elevada demanda repentina de operaciones de retirada de amianto. La comunicación juega aquí un papel relevante, y debe ligarse a transmitir confianza y capacidad de actuación.

Entre las experiencias en otros países europeos respecto a comunicación, puede destacarse que en el Reino Unido decidió realizarse una encuesta a la ciudadanía y las empresas sobre su percepción de la actividad de la administración sobre la gestión del amianto. Por su parte, en el caso de Polonia, primer y durante años único caso de plan global de erradicación del amianto en un país de la UE, se han detectado la falta de comunicación de presencia de amianto en los edificios por parte de los propietarios a la autoridad correspondiente (se estima que solo se ha registrado la tercera parte), y una falta de motivación ciudadana (por ejemplo, en el sector primario no hay disposición a cambiar cubiertas baratas y que sirven para el fin que necesitan por otras más caras pero de las que no ven el beneficio en la salud).

Las cifras manejadas de coste no consideran la retirada de otros elementos y aplicaciones, ni tampoco el coste de la nueva cubierta (o nuevas tuberías o conducciones u otras). Los problemas derivados de la no financiación de nuevas cubiertas es una de las lecciones observadas en el Plan de eliminación de amianto en Polonia. La financiación de los elementos de sustitución de manera directa está empezando a ser considerados en varios países y CC.AA., y, aunque existen ayudas para rehabilitación generalista (y la mejora de eficiencia energética, por ejemplo) que pueden incluir sustitución de MCA/pMCA, es probable que falte foco sobre el material, de modo que no favorezca la visibilidad y concienciación del problema.

La creación de una ‘mesa del amianto’ en cada Comunidad Autónoma parece imprescindible para coordinar conjuntamente los retos y afrontar las dificultades a que puede llevar la erradicación del amianto exigida por la legislación. Es importante definir su liderazgo, recursos, capacidades, tareas y objetivos principales, y considerar su papel relevante en dar confianza a ciudadanía y empresas. No obstante, esto no debe suponer que el único planteamiento visible del plan del amianto sea una actividad ‘arriba-abajo’, dada la extensión del problema y la necesidad de participación ciudadana y empresarial.

La realización de diagnósticos de situación de cada parte de la cadena de valor de la erradicación del amianto parece relevante. Algunos aspectos están poco desarrollados y afectan a las tres operaciones técnicas del proceso: falta de laboratorios homologados para la identificación de amianto, ausencia de bases de datos de identificación de MCA/pMCA que estén disponibles y sean manejables, retirada de MCA/pMCA por trabajadores autónomos no registrados en el RERA y no formados específicamente, y la potencial escasa capacidad de vertederos para recibir las cantidades mencionadas. Es relevante definir al máximo cada uno de ellos y actuar donde sea necesario para poder afrontar una erradicación global del amianto.

La incorporación de actividades que pueden ayudar en las distintas fases de la erradicación del amianto en varias instrucciones relacionadas con inspecciones y revisiones es una idea que recoger. Entre otras pueden citarse (i) la identificación y detección de MCA/pMCA en las ITE y en planes de obra y mantenimiento -con obligación de informe a la administración-; (ii) el condicionamiento de las licencias de obras a la realización de un informe previo del MCA/pMCA; (iii) la inclusión de la identificación de amianto, MCA y pMCA en la revisión periódica de mantenimiento de instalaciones como conducciones, calderas o ascensores.

Lecciones aprendidas

Ningún país ni Comunidad Autónoma ha ejecutado completamente la erradicación del amianto, MCA o pMCA presente en su territorio o jurisdicción. Por su lado, la comunicación de resultados (especialmente de identificación y detección) es delicada debido a su potencial impacto en la población, lo cual dificulta calibrar el éxito de las diferentes iniciativas. No obstante, a partir de la información que han publicado los diferentes gobiernos que han emprendido acciones en este campo, tanto de planes de erradicación como de su continuidad, así como de las publicaciones que realizan a sus respectivas ciudadanías, se pueden deducir diferentes formas de trabajo y planificaciones cuyo conocimiento es relevante para completar, editar o modificar los diferentes planes de trabajo propuestos en una Hoja de ruta específica de cada Comunidad Autónoma que debiera ser el primer trabajo a efectuar por su propia ‘mesa del amianto’.

La legislación avanza.

En octubre de 2023 el Consejo Europeo ha adoptado nuevas normas sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, rebajando considerablemente los límites actuales de amianto y previendo formas más precisas de medir los niveles de exposición al amianto, medidas preventivas y de protección reforzadas, como la obtención de permisos especiales para la retirada del amianto y la comprobación de la existencia de amianto en edificios antiguos antes de iniciar obras de demolición o mantenimiento.

La nueva Directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar todas las disposiciones de la directiva a su legislación nacional, salvo la introducción de la microscopía electrónica como método de medición, para lo que dispondrán de seis años.